Fiscalía inició proceso penal por tráfico ilícito de armas en Guayaquil

Fiscalía General inició proceso penal contra Dennys C., Christopher P. y Gregory Z. por presunta participación en tráfico ilícito de armas.

Tres detenidos por tráfico ilícito de armas en Guayaquil

La Fiscalía General del Estado ha iniciado un proceso penal contra Dennys C., Christopher P. y Gregory Z. por presunta participación en tráfico ilícito de armas. El operativo que llevó a su aprehensión ocurrió el 23 de octubre de 2025 en el norte de Guayaquil. Este hecho pone en evidencia la preocupación creciente por la seguridad y el control de armas en el país.

Detalles del operativo

Durante un control de rutina en la Avenida de las Américas, los agentes de la policía detectaron un vehículo con placas ilegibles, lo que generó sospechas sobre sus ocupantes. Al solicitar que el automóvil se detuviera, los tres hombres ignoraron la orden y se inició una persecución.

El registro del vehículo reveló una nevera de doble fondo que contenía piezas de fusiles y cargadores. Esta evidencia llevó a la aprehensión de los sospechosos, quienes ahora enfrentan serias acusaciones. Este tipo de operaciones son vitales para el mantenimiento del orden y la seguridad pública.

Audiencia y acciones legales

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal a cargo presentó diversos elementos de convicción. Entre estos se incluyen el parte policial, testimonios de agentes involucrados, el informe de reconocimiento del lugar y una pericia balística sobre las armas encontradas.

El juez especializado en delitos de corrupción y crimen organizado escuchó los argumentos de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para los tres implicados. Este tipo de decisiones judiciales son esenciales para asegurar que se respeten los procesos penales respecto a delitos graves como el tráfico ilícito de armas.

Implicaciones legales del delito

Los cargos se han formulado con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta normativa sanciona el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, así como el tráfico de armas químicas, nucleares o biológicas, con penas que oscilan entre dieciséis y diecinueve años de prisión.

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La severidad de las sanciones refleja la importancia que tiene la lucha contra el tráfico ilícito de armas, un fenómeno que afecta a la seguridad pública. La Fiscalía reitera su compromiso en la investigación y el desmantelamiento de redes que operan al margen de la ley.


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