Asamblea Nacional archiva Ley de Protección al Consumidor

La Asamblea Nacional archiva proyecto de protección al consumidor

Con 88 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió archivar el proyecto de Ley Orgánica de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias. Esta medida se da tras la unificación de diez iniciativas legislativas anteriores que pretendían establecer un marco más sólido para la defensa de los derechos de los consumidores.

Argumentos en contra del proyecto

El asambleísta Sergio Peña, quien presentó el informe, explicó que, aunque las propuestas buscaban potenciar la protección de los consumidores, se convirtieron en un problema en lugar de una solución. Peña recordó que Ecuador ya cuenta con una Ley de Defensa del Consumidor y que existen disposiciones constitucionales claras que garantizan este derecho. Además, la Defensoría del Pueblo juega un rol importante en la supervisión de su cumplimiento.

El asambleísta mostró un artículo que ilustraba el caso de la acumulación de servicios no utilizados. Según explicó, esta condición podría resultar insostenible, especialmente para sectores como la hotelería y los servicios básicos. De esta forma, resaltó que la verdadera dificultad radica en la falta de voluntad política para aplicar efectivamente las leyes existentes, no en la necesidad de generar nuevos marcos normativos.

Riesgos y limitaciones del proyecto

Entre las observaciones hechas al proyecto, se indicó que buscaba otorgar efectos jurídicos vinculantes a estándares de «soft law». Esta figura se considera inaplicable en el marco normativo ecuatoriano, generando riesgos para la seguridad jurídica. También se advirtió que el sector financiero, al ser privado y solo regulado por el Estado, no debería estar sujeto a intervenciones que comprometan su autonomía.

Desde una perspectiva económica, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió alertas sobre el impacto fiscal que conllevaría responsabilizar al Estado en situaciones ajenas a los servicios públicos, lo que contradice la Constitución.

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Se identificaron más inconsistencias técnicas. Por ejemplo, existía confusión entre las nociones de indemnización civil y sanción administrativa. También se discutió la desestabilización del equilibrio contractual que podría surgir del derecho de retracto, obligando al proveedor a asumir todos los costos derivados de la finalización unilateral de un contrato por parte del consumidor.

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