Corte Constitucional se pronuncia sobre Competencia Desleal

El dictamen de la Corte Constitucional sobre la Ley de Competencia Desleal

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa ha abordado recientemente el Dictamen No. 5-25-OP/25, emitido por la Corte Constitucional. Este dictamen se enmarca dentro del proceso de objeción parcial por inconstitucionalidad que afecta a los artículos 54, 56 y 58 del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal.

Este informe fue enviado mediante una comunicación oficial de la Secretaría General, firmada por el presidente Daniel Noboa Azín, quien ocupa el cargo de presidente Constitucional de la República del Ecuador.

La posición de la Corte Constitucional

Tras realizar el análisis correspondiente, la Corte Constitucional determinó que la objeción planteada a los artículos 54 y 56 del proyecto de ley era improcedente. El tribunal concluyó que dichos artículos no violan el derecho al debido proceso ni el principio de proporcionalidad entre infracción y sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 76.7 de la Constitución. Asimismo, se refuerza el principio de igualdad y no discriminación, según lo establecido en el artículo 11.2.

Por otro lado, la Corte dió luz verde a la objeción relativa al artículo 58. En este caso, se argumentó que este artículo contraviene el artículo 298 de la Constitución, ya que establece una preasignación presupuestaria para la promoción de prácticas leales en el mercado.

Consideraciones de la presidenta de la Comisión

La presidenta de la Comisión, asambleísta Valentina Centeno, subrayó que, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la mesa legislativa cuenta con un plazo de ocho días para elaborar el informe sobre el dictamen constitucional. En consecuencia, se establecerá un trabajo inmediato en la elaboración de este informe.

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La decisión de la Corte Constitucional es fundamental, puesto que establece lineamientos claros sobre la regulación de la competencia en el país. La implementación de una normativa efectiva es vital para asegurar un entorno de negocios justo y equitativo. Esto beneficia tanto a pequeños emprendedores como a grandes empresariales.


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