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La Comisión de Fiscalización y Control Político ha emitido una recomendación al Pleno de la Asamblea Nacional para continuar con el juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ). Esta propuesta surgió tras la valoración de las acciones y omisiones de Goyes, ante las cuales la comisión decidió actuar.
La comisión fundamentó su recomendación en el incumplimiento de las funciones y deberes establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, así como en el Reglamento de Sesiones del Pleno del CJ. En particular, se alude a los artículos 21, 8.1 y 15 que abordan el principio de probidad y la obligación de justificar ausencias temporales.
Los miembros de la comisión consideran que la conducta de Goyes se encuadra dentro de lo estipulado en el artículo 255, numeral 3, del mencionado código. Este texto legal menciona que los vocales del CJ pueden enfrentar juicio político si se evidencia una «manifiesta inoperancia» en el cumplimiento de sus obligaciones.
Jaramillo, el asambleísta impulsor del juicio político, citó varios hechos que respaldan su acusación. En particular, se hace hincapié en que Goyes abandonó una reunión crucial donde se discutía el reglamento para la creación de judicaturas especializadas. Esta regulación es vital para abordar el uso indebido de las garantías constitucionales, sobre todo en casos de delincuencia organizada.
La Comisión de Fiscalización ha revisado la normativa constitucional y legal relevante, así como las sentencias dictadas por la Corte Constitucional. A partir de este análisis, decidió pedir al Pleno que avale el juicio político en contra de Goyes por las infracciones mencionadas, argumentando que hay suficiente respaldo para llevar a cabo este proceso.
Por otro lado, es importante destacar que la vocal no asistió a cuatro convocatorias sucesivas, lo que ha contribuido al retraso en la resolución de temas de gran importancia para el sistema de justicia del país.
La recomendación del juicio político pone de relieve la necesidad de un funcionamiento eficiente dentro de la judicatura y la responsabilidad de sus integrantes. La juristricción debe ser capaz de actuar con probidad y eficacia, especialmente en un entorno donde la justicia es fundamental para el desarrollo social y económico del país.
Este tipo de acciones demuestra el compromiso de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Fiscalización para asegurar la rendición de cuentas y el respeto a las normas que rigen la función pública.
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Es crucial que el proceso continúe alineado con los estándares establecidos y que se garantice un análisis justo y transparente. La situación de Solanda Goyes podría influir en la percepción pública sobre la eficacia de la justicia en el país.