Funcionarios de la ATM procesados por asociación ilicita

Investigación a seis personas por asociación ilícita en Guayaquil

La Fiscalía General del Estado ha iniciado acciones judiciales contra seis individuos por presunta asociación ilícita vinculada a la evasión de sanciones impuestas por jueces de tránsito en Guayaquil. La investigación apunta a desmantelar una red que facilitaba la elusión de penas de conductores infractores, evitando su cumplimiento en centros de detención.

La indagación, liderada por la Fiscalía y la Unidad de Investigaciones de Delitos de Secuestro y Extorsión (Dinased), comenzó el pasado 15 de mayo. Esto ocurrió tras la recepción de un reporte policial que alertó sobre la manipulación de documentos. Se denunciaba que los infractores eran registrados falsamente como si hubiesen cumplido sus sanciones o como si estuvieran bajo arresto en casas asistenciales.

Allanamientos y detenciones

El 22 de octubre, se llevaron a cabo allanamientos en varios locales e instituciones, incluyendo la Agencia de Tránsito Municipal y la Unidad Judicial Florida. En esta operación, se detuvo a seis sospechosos: una procuradora judicial, cuatro agentes de tránsito y un supuesto abogado. Según informes de la Fiscalía, estos operativos involucraban cobros entre mil y dos mil dólares por gestionar trámites judiciales de los conductores infractores.

Pruebas obtenidas

Durante los allanamientos, las autoridades recolectaron evidencias significativas. Entre los indicios encontrados se incluyen certificaciones, resoluciones judiciales, boletas de detención, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Todos los elementos fueron debidamente integrados en la cadena de custodia de la Policía Judicial para su posterior análisis.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal presentó diversos elementos de convicción. Estos incluyeron informes de detención, relatos de los agentes, análisis de dispositivos móviles y documentación relacionada con los allanamientos efectuados. El juez de garantías penales que se hizo cargo del caso aceptó los argumentos del fiscal y dictó prisión preventiva para los seis detenidos. La fase de instrucción fiscal se extenderá por noventa días.

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Marco legal

Este caso se procesa bajo el marco del artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones para la asociación ilícita. Dicho artículo contempla penas privativas de libertad que oscilan entre tres y cinco años, lo que refleja la seriedad de las acusaciones.