Inició discusión de proyecto de Ley de Transparencia Social

Comisión de Desarrollo Económico discutió Ley de Transparencia Social

La Comisión de Desarrollo Económico discutió el proyecto de Ley de Transparencia Social recientemente presentado por el presidente Daniel Noboa Azín. Esta iniciativa fue calificada como urgente en materia económica y busca establecer un marco legal que fomente la transparencia financiera y la rendición de cuentas.

El apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas es crucial para este proyecto. Durante la reunión, la subsecretaria de Planificación, Andrea Sánchez, y el subsecretario de Política Fiscal, Sebastián Londoño, confirmaron que la ley busca regular las actividades de fundaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades sin fines de lucro. Esta regulación contribuirá a la mejora del cumplimiento tributario en el país.

Importancia de la Nueva Normativa

Uno de los aspectos destacados es la reforma al artículo 39.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Esta enmienda propone un impuesto único del 12% sobre la distribución de dividendos de sociedades residentes en Ecuador. Se estima que esta medida generará ingresos permanentes, alcanzando unos USD 545,82 millones, lo que resulta crucial para la sostenibilidad fiscal y la planificación presupuestaria del gobierno.

El Ministerio considera que esta normativa es esencial. Contribuirá a mejorar la estabilidad macroeconómica, a mitigar los riesgos fiscales y a consolidar la confianza en las instituciones. Además, permitirá al país alinearse con estándares internacionales, fortaleciendo el modelo de dolarización.

Opiniones del Sector Financiero y Empresarial

Durante la sesión, Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador, destacó la importancia de permitir que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realice retenciones anticipadas de fondos. Esta medida mejorará la respuesta ante casos de lavado de activos.

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La propuesta de ley busca promover un régimen simplificado con capacitación y asistencia técnica para organizaciones de alto riesgo. Esto permitiría no solo una mejor regulación del sector, sino también un enfoque más inclusivo y eficiente en la lucha contra el lavado de activos.