Noboa insiste en consulta para Asamblea Constituyente

El presidente Daniel Noboa Azin volvió a convocar a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, pese a la suspensión provisional del Decreto 148 dispuesta por la Corte Constitucional.

Decreto Ejecutivo 153 y mensaje presidencial

A través del Decreto Ejecutivo N.° 153, Noboa reafirmó su decisión de avanzar en este proceso, enfatizando que ningún poder o interés particular podrá impedir que la voluntad ciudadana se exprese.

El mandatario sostuvo que la soberanía radica en el pueblo, y que será la ciudadanía, mediante las urnas, quien defina el rumbo del país y las bases de un nuevo pacto social.

Rol del Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el inicio del período electoral correspondiente a esta consulta popular. Desde ese momento, ninguna otra institución tiene atribuciones para frenar el proceso ni para cuestionar la decisión soberana de los ecuatorianos.

El CNE deberá organizar, supervisar y garantizar que el proceso se desarrolle con transparencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en el Código de la Democracia.

Debate sobre la Asamblea Constituyente

La propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente ha generado intensas discusiones en el ámbito político y social. Sus defensores la ven como una oportunidad para modernizar el Estado, fortalecer la institucionalidad y atender reclamos ciudadanos que la Constitución vigente no resuelve.

Sus críticos advierten riesgos de inestabilidad, concentración de poder y confrontaciones entre instituciones. Además, señalan que el proceso podría debilitar la seguridad jurídica y generar incertidumbre económica.

El discurso del Ejecutivo

Noboa subrayó que la voz del Ecuador no se silencia y que su Gobierno la defenderá hasta el final. Enfatizó que esta iniciativa busca devolver el protagonismo al pueblo como verdadero mandante del sistema democrático.

Lea además: 📲 CNE oficializa el inicio del Referéndum 2025 en Ecuador

El llamado a consulta representa un nuevo pulso político entre el Ejecutivo y los organismos de control, con un desenlace que definirá el futuro de la institucionalidad ecuatoriana.