Procesados por el asesinato de concejal de Durán y su custodio

Asesinato del concejal: Fiscalía procesa a implicados

La Fiscalía General del Estado ha iniciado acciones judiciales contra Brayan Ariel D. A. y Ángelo Jaren M. M. por su presunta implicación en el asesinato del concejal Hugo Obando y su custodio, el policía Rubén Ch. Este trágico suceso tuvo lugar el 27 de septiembre, cerca del Polideportivo La Ferroviaria, y dejó igualmente a dos personas heridas: el chofer y un fotógrafo de la municipalidad.

La investigación preliminar revela que cuatro ocupantes de un vehículo fueron atacados por hombres armados que se desplazaban en una motocicleta y un automóvil. Estos sujetos se dieron a la fuga inmediatamente después de cometer el crimen. Las víctimas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica urgente.

Desarrollo de la investigación

La Fiscalía, informada de los relevantes acontecimientos, dio inicio a una investigación oficial y llevó a cabo varios allanamientos en distintas viviendas del cantón. Esta operación se basó en entrevistas con testigos y en registros obtenidos de cámaras de seguridad de la zona. En uno de estos allanamientos, realizado en la cooperativa El Trébol, en El Recreo, se lograron aprehender a dos personas. Durante la intervención, se incautaron dos pistolas de calibre 9 mm, cargadores, municiones percutidas, siete teléfonos celulares, ropa utilizada en el crimen y una motocicleta.

Evidencias recolectadas

Todos los objetos hallados fueron ingresados en la cadena de custodia de la Policía Judicial. Este proceso garantiza que las evidencias serán preservadas y utilizadas adecuadamente en el contexto judicial. En la audiencia de calificación de flagrancia, que tuvo lugar el 28 de septiembre, la Fiscalía presentó diferentes elementos de convicción. Estos incluían informes de aprehensión, testimonios de los agentes en la escena, actas del levantamiento de los cuerpos, resultados de autopsias y evidencias incautadas.

Decisiones judiciales

El Juez de Garantías Penales que conoció el caso aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para los acusados. Además, emitió órdenes de encarcelamiento y dispuso su traslado al Centro de Privación de Libertad en Guayaquil. El juez también tomó medidas de protección para las víctimas que sobrevivieron, conforme al artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Estas medidas incluyen la prohibición de acercarse a las víctimas y la disposición de una boleta de auxilio.

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La instrucción fiscal en este caso se extenderá por un periodo de treinta días. La Fiscalía procesa este caso bajo el artículo 140 del COIP, que establece penas privativas de libertad de entre veintiséis y treinta años para quienes cometan homicidios.


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